La investigación sobre Nvidia se mueve en dos planos: el de la seguridad nacional y el de la confianza en quienes deben esclarecer el caso. El FBI examina si Alice Huang, ejecutiva de la firma singapurense Megaspeed y vinculada sentimentalmente con Jensen Huang, actuó como intermediaria de Pekín para obtener información y facilitar el acceso chino a chips avanzados. La empresa, sin embargo, asegura no tener “motivos para creer que se hayan comprometido ni la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia”.¹

La dimensión económica explica la presión. Nvidia domina entre el 80% y el 90% del mercado de aceleradores de inteligencia artificial, mientras las restricciones estadounidenses han convertido sus procesadores en piezas estratégicas de la rivalidad con China.¹ Según una investigación citada por Reuters, la trama habría permitido enviar a empresas chinas chips por unos 7.500 millones de dólares, incluidos modelos H100, H200 y A100, aunque esas acusaciones aún forman parte de las pesquisas.²

Donald Trump ha optado por respaldar a Huang. “No tenía ni la menor idea de que la persona en cuestión fuera una espía” y “realmente le creo”, afirmó el presidente tras hablar con el ejecutivo.³ La cercanía entre ambos —Huang ha viajado con Trump y actúa como interlocutor habitual en asuntos de IA— alimenta, no obstante, las preguntas sobre posibles conflictos de interés.³

La dirección de Nvidia anunció una investigación independiente, pero esa promesa tampoco ha disipado las dudas. El periodista Guillermo Fesser sostiene que la compañía “no va a decir a sus accionistas que el CEO ha puesto en peligro la seguridad nacional” y deposita sus expectativas en la prensa y en la investigación de The New York Times.⁴ Así, el caso enfrenta una defensa política cerrada con una demanda de controles externos, justo cuando cada decisión sobre los chips de Nvidia tiene consecuencias geopolíticas.