La presión migratoria vuelve a colocar a Canarias frente al Estado. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, acudirá a la comisión interministerial con un paquete de ocho medidas y un plazo político muy concreto: los 20 días que restan hasta las elecciones. Su mensaje es directo: “En 20 días da tiempo a hacer muchas cosas si hay voluntad política de trabajar”.¹

El plan canario prioriza actuaciones inmediatas: más medios para Salvamento Marítimo, refuerzos policiales, asistencia sanitaria en los centros de atención temporal y ayudas económicas para El Hierro. La isla, donde llega buena parte de los cayucos, afronta una presión que ya afecta al puerto, los servicios públicos y la actividad empresarial. El documento también reclama una coordinación semanal entre administraciones y recursos adicionales para atender a los menores no acompañados, cuya cifra ronda los 3.000 frente a una capacidad ordinaria de 737 plazas.²

La diferencia está entre lo urgente y lo estructural. Clavijo sostiene que un Gobierno en funciones todavía puede movilizar efectivos, contratar servicios y liberar fondos; por eso rechaza que la situación política sirva para aplazar decisiones. Si no obtiene respuestas, amenaza con “volver a acudir a los tribunales si es necesario”.¹

Otras demandas dependen de Bruselas o de las nuevas Cortes: activar la solidaridad europea, reforzar Frontex y modificar la legislación para perseguir determinados delitos cometidos en alta mar. El repunte, sin embargo, no espera. Solo en la primera semana de noviembre llegaron más de 5.000 personas y más de 1.300 lo hicieron durante el último fin de semana.³

Así, Canarias presenta la crisis como una emergencia operativa y territorial; la respuesta estatal y europea aparece como la prueba de si ese diagnóstico se traduce en medidas antes de que el calendario electoral vuelva a desplazar el problema.