Iustitia Europa ha llevado al Tribunal Supremo la autorización del DNI digital —MiDNI— para las elecciones del 29 de noviembre y reclama su suspensión inmediata. La formación sostiene que la Junta Electoral Central (JEC) ha dado por acreditadas las garantías porque habrá lectores QR, pero sin demostrar cómo funcionará el sistema completo cuando algo falle. ¹

El recurso pone el foco en una cadena tecnológica que va mucho más allá del dispositivo colocado en la mesa: conexión del teléfono, acceso a los servidores policiales, generación del código temporal, lectura, validación de la firma electrónica y confirmación final de los datos. Para Iustitia, una avería, una caída de servidores o la caducidad de un QR podría dejar a numerosos votantes en una situación incierta.

La exigencia central es un protocolo previo y homogéneo: responsables técnicos identificados, terminales de sustitución, tiempos de respuesta y reglas claras para quien acuda únicamente con MiDNI. Sin esas instrucciones, advierte la formación, una misma incidencia podría resolverse de forma distinta en cada colegio, con esperas, reclamaciones o la obligación de regresar con documentación física.

La JEC levantó en noviembre la suspensión que había impuesto meses antes después de que Interior confirmara que todas las mesas dispondrían de dispositivos con cámara y navegador capaces de utilizar el verificador oficial del QR «con todas las garantías necesarias». ² La posición oficial, por tanto, considera suficiente la disponibilidad de esos lectores para acreditar la identidad, mientras el recurso reclama pruebas operativas y procedimientos de contingencia antes de la jornada electoral.

El Supremo deberá decidir si adopta medidas cautelarísimas sin escuchar previamente a la Administración o si abre un procedimiento urgente. Iustitia argumenta que una resolución posterior al 29-N tendría una utilidad limitada, aunque el voto seguiría siendo físico y podrían utilizarse el DNI convencional, el pasaporte o el permiso de conducir.